El escándalo estalla en Colombia: el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha revelado que la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes electorales por más de 3,500 millones de pesos. Esta revelación podría marcar el inicio de un proceso que amenace su permanencia en la presidencia. Este martes, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron la ponencia definitiva que establece esta grave infracción, lo que ha encendido alarmas en el país.

La decisión del CNE será votada por el Tribunal Administrativo en las próximas semanas, pero ya se vislumbran posibles sanciones. Se solicita que se sancione a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña, junto a otros miembros clave por violaciones que suman un total de 2,252 millones de pesos. Además, se menciona una segunda sanción solidaria por otros 2,447 millones de pesos, lo que intensifica la presión sobre el gobierno de Petro.

El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, ha advertido que si se confirma la violación de los topes, el Senado podría aplicar sanciones severas, incluida la pérdida del cargo. “El que se vuela los topes de campaña tiene como sanción la pérdida del cargo”, enfatizó Arrubla, sugiriendo que el impacto sobre el mandato presidencial podría ser inminente.

La oposición, liderada por figuras como María Fernanda Cabal y Vicky Dávila, exige que el caso de Petro sea llevado a la Comisión de Acusaciones. Cabal subrayó la necesidad de que se inicie un proceso formal, mientras que Dávila apuntó a la corrupción en la campaña, que, según ella, está ligada a carteles criminales.

Las implicaciones son claras: el futuro político de Gustavo Petro pende de un hilo. Las investigaciones podrían desencadenar una serie de acciones legales que sacudan los cimientos de su administración, dejando a Colombia en la expectativa de un desenlace que podría cambiar el rumbo del país. La presión aumenta y el tiempo corre; ¿será este el fin de la era Petro? La nación permanece atenta.